domingo, 28 de marzo de 2010

LAS TICs, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA MERCANTILIZACIÓN EXTREMA DE LA CULTURA, LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

1. Economía, conocimiento y acumulación de capital

La estrecha relación entre economía y conocimiento no es novedosa; la acumulación de capital estuvo históricamente vinculada a una acumulación de conocimientos. Esto supone que los cambios en los modos de producción y acumulación económica están mediados por los que tienen lugar en la dimensión simbólica. La producción de nuevos conocimientos lleva a lógicas económicas, sociales y culturales que modifican las precedentes.
Cuando Marx señala que la constitución del capitalismo, no solo requirió una acumulación primitiva del capital sino también del conocimiento, remite a los procesos sociales y culturales que van de la sustracción del conocimiento práctico de los artesanos a su articulación con el conocimiento científico sistematizado en el campo intelectual, realizados por un nuevo actor social: el burgués capitalista. La máquina a vapor inventada por James Watt en 1765 fue el punto de inflexión que abre el camino a la Primera Revolución Industrial, con la producción de la máquina herramienta que desplaza al trabajador artesano, provoca la ruptura entre el trabajo manual y el intelectual y la consagración del capital como regulador de las relaciones entre economía y conocimiento.
La Segunda Revolución Industrial da continuidad al proceso con la producción de máquinas por máquinas, con el descubrimiento y la utilización de la energía eléctrica. Aquella posibilita la revolución de los medios de transporte y la multiplicación de las vías físicas de comunicación y los cambios en las lógicas sociales y culturales que llevan al capitalismo industrial y luego al monopolista. En este proceso desempeña un papel significativo la emergencia de las industrias culturales que, a partir de 1895 con el nacimiento del cinematógrafo, incentivan el debate sobre la “sociedad de masas” y la “cultura de masas”.
Hacia 1930 las “masas” pasan a ser objeto de indagación sistemática -no ya desde la perspectiva de los análisis sociológicos clásicos de fines del siglo XIX y comienzos del XX- sino en cuanto mercado de electores y consumidores cuyas decisiones es preciso influenciar y en calidad de actores sociales a los que se torna imperioso disciplinar. El debate sobre la cultura de masas da cuenta de la conmoción que provoca en el imaginario burgués la irrupción de aquellas en los espacios urbanos y su acceso al consumo cultural –antes reservado a las elites- como consecuencia de los procesos de industrialización y metropolización. Se trata de un nuevo actor social –el proletariado- que, al ser concentrado en las fábricas y las ciudades, adquiere un potencial organizativo para reclamar derechos que la nueva forma de acumulación de capital le niegan.
Estos cambios provocan una mutación de la esfera pública y los procesos de formación de la opinión pública. Los medios de comunicación de masas desplazan el debate, hasta entonces privativo de los ciudadanos –o sea la burguesía- sobre los asuntos públicos para influenciar las decisiones del poder político a su favor, por la publicidad representativa (Habermas; 1983) gestionada por el poder para obtener consenso político –el voto de las masas- y, en segundo lugar, estimular el consumo. El impulso dado al consumo masivo de distinto tipo de bienes ha de verse no solo en su dimensión económica, sino también como estrategia política y cultural. Por una lado constituye un dispositivo de control y disciplinamiento social y, por el otro, responde a la necesidad de nuevos referentes colectivos que sirvieran a homogenizar los imaginarios e identidades de vastos sectores sociales de procedencia diversa, recién incorporados a la moderna sociedad industrial. En general campesinos e inmigrantes de distinta procedencia e iletrados, el cine de la etapa muda y el de comienzos del período sonoro cumplió un papel de primer orden en este sentido.
Surgen los estudios que inauguran e campo disciplinario de la comunicación social. El de Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet, realizado en 1940, con motivo de la campaña electoral que enfrenta a Wendell Willkie y Franklin D. Roosvelt, “The People´s Choice” (El pueblo elige), es el primero de una serie que persigue el objetivo de afinar los mecanismos de persuasión para la producción de consenso, a partir de un análisis de las motivaciones de los electores. A estas primeras investigaciones les seguirán las dirigidas a promover el consumo de distintos productos, en general encargadas por agencias de publicidad. La comunicación social es entendida como una “ciencia de la persuasión”, en lugar de campo de estudio de un fenómeno cultural complejo y plurideterminado.
En la trayectoria que va de la Primera a la Segunda Revolución Industrial se sella la alianza definitiva entre capital económico, comunicación social, conocimiento científico-tecnológico y poder, que definirá el devenir de las sociedades.
La Tercera Revolución es la que está teniendo lugar con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), – denominadas también “tecnologías de la inteligencia”- la convergencia entre ellas, la informática y las redes telemáticas, así como la disolución de las fronteras entre el trabajo manual y el intelectual, “manifiesta en la subsunción del trabajo intelectual -por el capital- y en una intelectualización general de los procesos de trabajo en la industria y el sector servicios” (Bolaño; 2005).
La clave de este cambio reside en la codificación del conocimiento como información, para plasmarlo en un soporte que permita almacenarlo, transferirlo, reproducirlo, clasificarlo y reutilizarlo; es decir convertirlo en mercancía, independizándolo de quienes lo produjeron. Esta nueva forma de acumulación de capital da inicio a la denominada “economía del conocimiento” para señalar que la producción de distintos bienes y servicios pasa por una etapa de creación intelectual que es la principal generadora de valor agregado.
Si bien la nueva economía supone la reducción de los costos de producción, almacenamiento y transporte, conlleva una serie de complejos fenómenos. Entre ellos los llamados “costos de adquisición” que son los de las “inversiones intelectuales necesarias para formar una comunidad capaz de comprender y explorar el conocimiento” (Foray; 2000, en Bolaño, op. Cit.). El conocimiento y la creatividad son bienes sociales inagotables, acumulativos, enteramente renovables y muy redituables, bajo ciertas condiciones que posibiliten su transformación en capital intelectual. Éste genera rentas a quienes lo producen –los científicos, los creadores y los que dominan el saber hacer- a los que tienen la capacidad de apropiárselo para producir nuevos conocimientos y a los que poseen el capital económico y pueden articularlo al intelectual. No se trata de articulaciones espontáneas, sino producidas por la intervención de diferentes actores sociales orientados por fines precisos.
Otro fenómeno vinculado a la “economía del conocimiento” consiste en que, al pasar a ser la dimensión simbólica o cultural el insumo principal de los procesos productivos, la generación de valor tiende a despegarse de los elementos tangibles –insumos materiales– para recaer cada vez más en los intangibles, más fáciles de transportar, acumular y almacenar, pero más difíciles de generar, manipular y controlar.
El ritmo de la renovación tecnológica pauta el de la acumulación de capital, a su vez determinado por el tiempo que media entre el momento de la producción y la “puesta en mercado” del nuevo bien o servicio y su consumo. La asociación entre economía e investigación científico-tecnológica se orientó, desde sus comienzos, por la necesidad de derribar las barreras de espacio y tiempo de modo de reducir el período de rotación de capital, de ser posible a 0, para agilizar la realización de su valor y, por consiguiente, el ciclo de acumulación del mismo, independizándolo de los bienes producidos. Este proceso culmina con la transformación del capital industrial en capital financiero.
En tanto la I + D para la producción de las TICs y la convergencia reclaman elevadas inversiones, la presencia del capital financiero en todas las ramas industriales y de servicios a ellas vinculadas ha ido creciendo, en particular en los procesos de compras y fusiones que llevan a la conglomerización. Esto es verificable en la formación de los gigantes que abarcan los campos convergentes de las telecomunicaciones, la TV cable y el acceso a Internet –que ofertan estos servicios en un “paquete”, o triple play- también entre la producción de hardware, las industrias culturales –los complejos audiovisual, impreso y/o fonográfico- con medios de comunicación social, a los pueden agregar en algunos casos las telecomunicaciones y/o la informática, que asimismo pueden incluir hileras verticalmente integradas en uno o varios de dichos sectores.

2. El conocimiento como información-mercancía y las nuevas formas de fragmentación social

La denominada Sociedad del Conocimiento es aquella en la cual los insumos fundamentales de los procesos económicos y sociales son la información, la creatividad y el conocimiento, así como los recursos para gestionarlos. La importancia que tuvieran la máquina de vapor en la Primera Revolución Industrial y la electricidad para la Segunda, hoy la tienen las TICs, por su papel estratégico como “sistemas de gestión” de informaciones y conocimientos de distinto tipo, aplicables a fines diversos.
Entre los principales fenómenos relacionados a estos cambios destacan:

a) La revolución de la microelectrónica, iniciada desde mediados de los 50s con la mayor inversión en investigación de la historia volcada a la industria bélica, para el desarrollo de nuevas armas durante el período de la “guerra fría”, principalmente en el caso de Estados Unidos. Aplicada a usos civiles esta revolución da lugar a las TICs, que entre otras posibilidades, dan respuesta a las necesidades del capital de reducción o abolición de las barreras de tiempo y espacio interpuestas a su circulación.

b) La mundialización de la circulación de los flujos financieros, comunicacionales y culturales y la concentración del poder en estas dimensiones por conglomerados integrados que constituyen sistemas de elevada sinergia. Ellos son los actores protagónicos de la globalización, que pasan por encima de las fronteras políticas y presionan a los estados nacionales para que adopten medidas que los favorezcan. Al encontrar un límite a las mismas en sus países de origen, trasladan inversiones y algunos de sus procesos a los países periféricos que les ofrecen “ventajas competitivas”, fragmentando la producción de acuerdo a ellas.

c) El desplazamiento del modo de producción fordista característico de la era industrial, por el post-fordismo. Aunque no hay un consenso acabado sobre este concepto, el post-fordismo se caracterizaría por la preponderancia de los servicios y la producción basada en el capital intelectual, la gestión del conocimiento y la capacidad de intervenir en sus procesos de codificación, circulación y apropiación; las políticas económicas neoliberales que impulsan el retroceso del Estado a un rol subsidiario y la hegemonía de las fuerzas que controlan los mercados sobre éste y la sociedad; la distribución regresiva de la riqueza; el acentuamiento de las desigualdades, la transnacionalización y segmentación de los mercados a nivel global, así como la fragmentación del poder social y político. Factores que suponen un proceso de desinstitucionalización (Garretón Silva; 1999), que no es sino la desestructuración de las relaciones e instituciones pre-existentes para una reestructuración funcional a los nuevos requerimientos de acumulación de capital, la cual aún no termina de definirse. Las nueva institucionalidad que compatibilice las formas de acumulación de capital del post-fordismo con las esferas social y política, como sucediera en la etapa fordista. (Herscovici; 2005) ya no podrá estar acotada a los espacios nacionales, sino que ha de ser supranacional para poder actuar sobre la economía global. La constitución de los bloques integrados de naciones responde a la necesidad estratégica de cada una de las integrantes de lograr una inserción favorable –o no tan subordinada o desfavorable- en el capitalismo global.

d) El sistema de marcas y patentes, que determina el pago de royalties y derechos de copyright, como eslabón central de las cadenas productivas de la “economía del conocimiento” dentro de la cual el mismo tiende a constituirse en un sector económico relativamente autónomo. Las patentes son, precisamente, las que sintetizan y cristalizan la subsunción del capital intelectual por el capital económico, como el acceso al know-how, el know-what, el know-who, los cuales implican diferentes conocimientos y grados de complejidad y niveles de codificación aplicables al logro de distintos objetivos. Esta codificación trasladada a la creación de nuevos bienes y servicios es convertida en una mercancía –la marca o patente- que significa un proceso de acumulación de capital por sí misma.

e) Si bien las TICs constituyen un universo cada vez más vasto e interconectado -características que se potencian con la digitalización- son apenas la antesala de la Tercera Revolución Industrial. Ellas sirven para alcanzar la fase culminante de la misma: las BIOTECs (biotecnologías). Los hallazgos producidos por las investigaciones en el campo de la genética con fines económicos, mediante la ayuda de la informática, están posibilitando el patentamiento de elementos fundamentales de la vida humana y natural (genes, series de células, tejidos, órganos y organismos) para modificarlos o reproducirlos en laboratorios. Estos descubrimientos prometen nuevos y voluminosos mercados, cuando el avance de los procesos logre derrumbar las barreras éticas que aún se le interponen

f) De acuerdo a las reglas del mercado, la información es clasificada en tres compartimientos principales: la científica y tecnológica, de y para los creadores y expertos; la técnica o especializada, que requieren los gestores y gerentes y la masiva, dirigida al espacio público bajo la forma de noticias y/o enterteinment. El acceso a las dos primeras es restringido, mientras que los circuitos para el procesamiento y la difusión de la tercera crecen geométricamente. No obstante, existen relaciones de complementaridad entre las tres.

g) Formar a los actores sociales con los perfiles necesarios para la reproducción del sistema depende de condiciones dinámicas en las cuales intervienen distintas variables históricas, propias de cada espacio particular, las que no son totalmente “controlables” por los conglomerados, por mas grandes y poderosos que ellos sean. Las lógicas social, cultural y política pueden redefinir el escenario a nivel nacional e inclusive regional, en función del proyecto de desarrollo de las naciones, anteponiéndolo a los objetivos de acumulación de capital y reorientando la función de las innovaciones. La autonomía cultural es el requisito para la adopción y el sostenimiento de decisiones políticas acerca del modelo o estilo de desarrollo que una sociedad considera deseable. Es el marco simbólico que sostiene la identidad y da sentido a las opciones de vida de una comunidad, el factor fundamental de la libertad de elección.

h) La renovación tecnológica implica, no sólo la venta de artefactos, equipos, o servicios, como vehículos de información o contenidos, sino también nuevos lenguajes, sentidos y campos de conocimiento, que pueden estar o no en consonancia con las competencias, necesidades y expectativas de sus potenciales mercados consumidores. Son diferentes las competencias requeridas para disfrutar un programa televisivo, que para ser usuario de Internet y, dentro de este universo, no guardan correspondencia las que manejan los niños y adolescentes que usan la red principalmente para bajar música, chatear o enviar mails, con las requeridas para seleccionar información pertinente a los objetivos de una investigación o un campo de estudio o de trabajo. Si la nueva economía puede desvincular el conocimiento producido de quienes lo produjeron para codificarlo y transformarlo en mercancía al servicio de la reproducción ampliada del capital y reducir su dependencia de los insumos tangibles o materiales, no puede hacer otro tanto con las lógicas sociales, culturales y políticas que inciden, tanto en la formación de las capacidades de innovación y producción de conocimientos, como en las de apropiación de los nuevos bienes y servicios. De allí que, en el caso de los países que actúan eminentemente como importadores-receptores de las TICs, en el doble aspecto de equipos, conocimientos y discursos, el énfasis de las políticas públicas ha de estar puesto en la formación para lógicas de apropiación y formas de uso que beneficien a las comunidades, en vez de reproducir la dinámica mercantil de sus exportadores.

i) La multiplicación de los circuitos electrónicos de distribución de informaciones y bienes culturales dirigidos al enterteinment y el dominio de los mercados mundiales respectivos por quienes controlan los mismos, así como la producción de contenidos simbólicos en economías de escala y su circulación transfronteras, imponen restricciones al desarrollo endógeno de conocimientos, tecnologías y bienes culturales en los países que actúan preponderantemente como importadores en los rubros comprendidos por las TICs. Los conocimientos tecnológicos complejos, que son codificados y clasificados en nuevos sistemas de almacenamiento por empresas privadas, están cada vez más vinculados a la producción de los bienes de las industrias culturales basadas en contenidos simbólicos, sobre todo en el campo audiovisual que constituye una poderosa fuente de acumulación, en términos materiales y simbólicos.

j) El acceso a la conectividad, en cuanto vínculo físico con las computadoras e Internet, pese a su importancia, no es el factor de mayor peso en los actuales procesos de diferenciación social. Es en la división entre el conocimiento científico disponible, que constituye un producto social -o un bien público-y su apropiación por escasos individuos y grupos donde reside el “núcleo duro” de la brecha digital. Ella consagra y cristaliza la forma más severa de fragmentación social: entre el sector de los “entendidos o conocedores”, relacionados al mundo académico, el poder económico y los procesos de acumulación de capital y, por otra parte, el de los “entretenidos o consumidores”, constituido por los sectores sociales excluidos del acceso al conocimiento y de la adquisición de los nuevos perfiles laborales que demanda la economía basada en el mismo. Este es “el” problema que afecta el desarrollo de la mayor parte de las sociedades y la principal contradicción del nuevo modo de acumulación: mientras las TICs, la digitalización, la convergencia y otras innovaciones multiplican las redes telemáticas poniendo de relieve la hiperabundancia de canales para la circulación de informaciones de distinto tipo y se incrementan las posibilidades de intercambio e interacción, poniendo de relieve el carácter social del conocimiento, más se concentra la apropiación privada del mismo para transformarlo en mercancía. En el universo de los “entretenidos” la cultura y la concepción del mundo hegemónicas son las de Estados Unidos, naturalizadas como sinónimo de “universales” o “democráticas”.

Como parte de estos cambios tiene lugar una reestructuración de las relaciones de poder que debilita al Estado-nación tal como fuera concebido por la modernidad, en el marco del aumento de las desigualdades socioeconómicas y de acceso al capital cultural, la transformación de las formas de sociabilidad y de construcción de las identidades e imaginarios colectivos.
Al igual que las tecnologías, las crisis económicas, los problemas ambientales, sociales, políticos y culturales rebalsan las fronteras de los países. La mundialización de los conflictos provoca en las sociedades el sentimiento de estar ante poderosas fuerzas anónimas e impersonales –“el mercado”, “la globalización”, “FMI”, “Wall Street”- en cuyas decisiones resulta imposible incidir. Se responsabiliza a los gobiernos y las fuerzas políticas nacionales de la incapacidad para contrarrestar estos procesos que significan un deterioro de las condiciones de vida. El desgaste y la falta de credibilidad en la política ponen de manifiesto las insuficiencias de las instituciones de la democracia representativa para hacer frente a los nuevos retos y la falsedad de las tesis que las erigen como condición del desarrollo económico capitalista y a éste en cuanto requisito del progreso social. Los lazos societarios que generaban sentimientos de arraigo, pertenencia y confianza se disuelven, mientras crece la desocupación en los sectores sociales excluidos del acceso al conocimiento, se incrementan los conflictos y las migraciones, así como los contactos entre diferentes culturas.
La falta de explicaciones racionales sobre estos fenómenos desplaza los sentimientos de temor e incertidumbre hacia la construcción de “enemigos identificados” externos a la propia cultura, los “otros” en los cuales se depositan las causas de los problemas o la amenaza a lo propio. Proliferan la xenofobia, distintas prácticas de discriminación y racismo y formas cada vez más atroces de violencia, explotación, abuso y destrucción, particularmente contra los más débiles; niños y mujeres. Esta regresión moral, vinculada a la escisión entre ética, economía y política, muestra la paradoja de una “sociedad del conocimiento” que, junto a extraordinarios avances tecnológicos que trazan los perfiles de las utopías futuristas construidas desde la razón técnica, abre las compuertas a formas de irracionalidad atávicas, guerras y genocidios.
Dos dinámicas de tendencias opuestas se relacionan con estos fenómenos: globalización cultural, que refiere a la circulación transterritorial de contenidos simbólicos y flujos informativos, con la tendencia a la desterritorialización de los procesos de construcción de las identidades e imaginarios colectivos con miras a la construcción de un mercado consumidor mundial unificado y, por otra parte, un reforzamiento defensivo de las micro-identidades locales y grupales, que coexisten de manera dispersa en cada territorio nacional formando “constelaciones de nosotros fragmentados” (Escobar; 2005). La pérdida de peso de la dimensión nacional es producto de ambas.

3. Del Estado de Bienestar al malestar de la mercantilización

El Estado liberal de derecho había garantizado la igualdad ante la ley de todos los habitantes de un territorio delimitado geográfica y simbólicamente. En función de estos derechos de ciudadanía los distintos grupos debían deponer sus particularismos -lingüísticos, religiosos, culturales, etc.- y asumir la obligación de velar, junto al Estado, por la unidad –física y simbólica- de la Nación. Esta promesa incumplida en el siglo XVIII, encontró un principio de ejecución en la primera mitad del siglo XX con el Estado de Bienestar. Este nuevo estado puso en marcha un nuevo contrato social que garantizaba el derecho al trabajo mediante el pleno empleo, la estabilidad laboral, la agremiación con los convenios respectivos, una jubilación digna, la prevención de la pobreza mediante un salario mínimo y sistemas públicos de ayudas, el acceso a la educación, la salud, la cultura de manera gratuita garantizados como derechos tendientes a compensar las desigualdades generadas por la dinámica del mercado y promover una movilidad social ascendente (Burgelman; 1999). Se entendió que este era un peldaño hacia la utopía de progreso indefinido y que el Estado asumía su obligación de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos por el solo hecho de ser tales y los derechos humanos a todos quienes tuvieran esta condición. Los rasgos culturales construidos en torno a estos derechos universales fueron asumidos como valores vertebradores de la vida colectiva, constituyéndose en la principal fuente de cohesión de las sociedades.
En Argentina el Estado de Bienestar fue el comprendido por el período que va de 1946, con el triunfo electoral de Juan D. Perón, hasta 1952, cuando es derrocado por el golpe militar autodesignado ”Revolución Libertadora”, vulgarmente denominado “Revolución Fusiladora”, dado que por primera vez en el siglo XX se fusiló a opositores y se bombardeó al pueblo autoconvocado en la Plaza de Mayo. El mismo dio inicio a un largo ciclo de proscripciones, gobiernos civiles surgidos de elecciones ilegítimas, golpes militares y luchas populares resistenciales, que derivaron en formas de violencia que la dictadura que asume en marzo de 1976 lleva a su punto culminante con el terrorismo de Estado. Esta fue la forma de imponer a la sociedad el proyecto económico neoliberal, luego que fracasaran los sucesivos intentos anteriores, tanto de gobiernos civiles –de corta duración- como de los surgidos de golpes militares, resistidos por los sectores populares organizados.
No obstante el corto período de vigencia del Estado de Bienestar en Argentina, éste significó la etapa de mayor desarrollo económico, social y científico-tecnológico, de la cual es tributaria la industrialización temprana del país, que le permitiera hasta fabricar aviones y ubicarse a la vanguardia de la articulación entre conocimiento y economía dentro de América Latina. Los logros también comprendieron derechos sociales que permitieron a los sectores populares, no solo el acceso a distinto tipo de bienes y servicios que antes se les negaba, sino también adquirir la conciencia de su dignidad, en cuanto clase trabajadora y la de ser actores protagónicos de la construcción de un proyecto nacional. La distribución de la renta nacional fue la más equitativa de la historia, con una participación de los trabajadores que llegó a superar el 50% poco antes del golpe militar de 1952. Porcentaje que se redujo a la mitad con los avances del proyecto neoliberal en los períodos dictatoriales, el cual se afianza en los 90.
Las nuevas formas de acumulación del capitalismo global, no sólo rompen el contrato social del Estado de Bienestar, dando por concluida la vigencia de los derechos que lo sustentaban, sino también determinan la caducidad de los mismos y los marcos simbólicos que ellos proporcionaban en su carácter de valores organizadores de la convivencia social. Se impone la lógica del mercado sobre el Estado y la sociedad y se la legitima su hegemonía mediante la construcción de sentidos y prácticas competitivas e individualistas, que naturalizan la apropiación privada de los bienes públicos. Si bien ellas estaban presentes en el capitalismo desde sus inicios, son ahora liberadas de las mediaciones que las regulaban en nombre del “bien común”, como valor superior que daba sustento al sentido de comunidad. Es esta una mutación cultural que conduce a la anomia y provoca daños al tejido social, más profundos y perdurables que los económicos.
Apenas quedan huellas de la radio y la televisión de “servicio público” de la etapa del Estado de Bienestar. Las privatizaciones de los medios de comunicación dan inicio a procesos de compras y fusiones cuyos resultados son una conglomerización y una transnacionalización inéditas en la historia. Estos cambios son impulsados por varios factores; la convergencia tecnológica que facilitan las TICs, la producción en economías de escala y la constitución de mercados ampliados controlados por las grandes empresas que empujan desregulaciones a su favor de parte del “Estado mínimo” configurado de acuerdo a la receta del “Consenso de Washington” y las nuevas formas de acumulación de capital del post fordismo, para las cuales la información, la comunicación y la cultura son insumos estratégicos.
La conformación de estos organismos totalitarios que ejercen el monopolio de las libertades de expresión e información, las cuales habían constituido un arma fundamental en la lucha de la burguesía para su acceso al poder político, se produce en el seno de las formas de gobierno democráticas ideadas por aquella.
Este pasaje de las empresas de medios nacionales y de los sistemas de servicio público de comunicación de la etapa fondista a la conglomerización, fue apoyado desde el Estado del proyecto neoliberal, asociado al poder del capitalismo post fondista global que centra en el sector servicios –en particular los vinculados a la comunicación- la nueva forma de acumulación de capital.
El argumento más utilizado para justificar el sacrificio de un bien público a la voracidad mercantil, fue la necesidad de contar con “gigantes” nacionales que pudieran competir fuera de las propias fronteras con los de su misma especie pertenecientes a otros países. Esta falacia quedó al descubierto al poco tiempo de iniciarse el proceso de compras y fusiones entre marcas cuya nacionalidad se perdió en los vericuetos del capital. La intrincada trama multinacional formada por compras y absorciones de empresas, participaciones accionarias cruzadas entre compañías de diverso origen y sector, a la cual se suman bancos, fondos de inversión y capitales provenientes de paraísos fiscales, con una movilidad continua de las transferencias de acciones, impiden conocer a ciencia cierta a quienes pertenecen las marcas originarias. La nacionalidad pasó a ser identificada como el lugar donde se ubican sus edificios-sede, que puede diferir de la de quienes controlan las principales empresas del grupo o son sus accionistas mayoritarios, además sumamente variables en tanto el capital financiero encontró uno de sus nichos especulativos en este dinámico sector.
A los procesos generales que llevan a engendrar estas criaturas, se suma, en el caso de Argentina, una larga lista de anomalías que parten de la vigencia de una vergüenza de origen: un marco normativo dictado por la última dictadura –el decreto-ley 22.285 de 1980- con alrededor de 180 enmiendas parciales por decretos del Poder Ejecutivo durante los 90s y hasta 2005. La ley 23.696 de reforma del Estado, del período Menem-Cavallo, permitió la conformación de los grupos multimedia al eliminarse la prohibición a los propietarios de publicaciones periódicas y diarios de adquirir emisoras de radio y de televisión. El decreto 1062/98 facilitó la transferencia de los paquetes accionarios en momentos en que se conformaba el grupo CEI-Citicorp, que auspiciaba la segunda reelección del entonces presidente (López; 2008). Esta modificación ampara las maniobras de los adjudicatarios originales para transferir las licencias con fines de lucro y ocultar en el anonimato los nombres de los nuevos titulares. El decreto 1005 de 1999, durante el gobierno de De La Rúa, consolidó a los monopolios al ampliar la cantidad de emisoras de radiodifusión que podía tener cada empresa. Una ley promulgada por el Congreso de la Nación a pedido del conglomerado multimedia más poderoso del país, le facilitó licuar sus pasivos en dólares, luego de la devaluación motivada por el derrumbe del proyecto neoliberal en diciembre de 2001. Eufemísticamente denominada “Ley de Protección de Industrias Culturales Nacionales” es conocida como “Ley Clarín”. Esta serie culmina con el decreto 527 de 2005, del Poder Ejecutivo, que prorrogó las licencias a punto de vencer por diez años más –en algunos casos permitiendo que lleguen hasta el 2017- sin un nuevo llamado a licitaciones que abriera el mercado a la competencia. A ello se superpone la obsolescencia absoluta del cuerpo normativo sobreviviente, que no contempla ninguno de los cambios tecnológicos acaecidos desde el fin del fordismo. El sector de la radiodifusión argentina tiene el privilegio de pertenecer a una “tierra de nadie” donde, como se sabe, la única ley es la que impone el más fuerte.
Es este marco de relaciones de poder asimétricas en el cual se inscribe, en Argentina, la guerra simbólica por la imposición del sentido que está teniendo lugar a nivel global. Esta guerra persigue naturalizar en las sociedades la subordinación del poder político nacional a los intereses de las corporaciones económicas que controlan los diferentes mercados globales de bienes y servicios, en particular los más vinculados a la economía del conocimiento. Derribar las vallas que las identidades culturales particulares y proyectos de desarrollo autónomo oponen a la constitución de un mercado de consumo global, una cultura y un sistema político que faciliten el control de los diversos recursos del planeta, hasta la vida humana misma, para ponerlos a disposición de la acumulación de capital, es el objetivo que orienta a la actual fase post fondista. El campo cultural es clave para gestar consenso hacia el mismo, a nivel nacional y planetario, mediante la vía regia del consumo –o la ilusión de acceso a él- y las utopías que remiten a un futuro feliz en el que las tecnologías resolverán todos los problemas. Ante la desestructuración de las instituciones políticas tradicionales, los conglomerados multimedia han asumido la función de vanguardia política en esta lucha que compromete el futuro de la sociedad.
La guerra simbólica implica la expropiación de identidades y sentidos, no para crear “vacío” –sería un imposible lógico- sino para sustituirlos por otros que resemantizan los diferentes fenómenos de la realidad histórica desde la misma perspectiva ideológica. El principal terreno de batalla son los imaginarios colectivos de los públicos y las armas privilegiadas son las nuevas prácticas y valores que se promueven desde el campo audiovisual ampliado, las cuales son replicadas por todos los medios. Es en este campo en el cual la industria de Estados Unidos y sus distribuidores locales ejercen el control de más del 80% de los mercados latinoamericanos y de la mayor parte del mundo.
Las corporaciones de la industria audiovisual integradas a los medios, las telecomunicaciones y la informática se han constituido en las instituciones socializadoras por excelencia de los niños y adolescentes, desplazando a un lugar secundario al sistema educativo formal. Estos sectores sociales constituyen el principal target de los nuevos bienes y servicios posibilitados por las TICs. Se trata de capturar tan importante “nicho de mercado” a la edad más temprana posible a fin de “fidelizarlo” con ciertas marcas y productos que lo acompañarán a lo largo de su proceso de crecimiento hasta la adultez. Así son formados, a la vez, los públicos consumidores actuales y los del mañana. Ya se producen programas de televisión y DVDs para bebés y niños de 0 a cuatro años -pese a que algunos estudios demuestran que ver televisión a esa edad obstaculiza su desarrollo- y las campañas publicitarias de telefonía celular apuntan, principalmente, a los niños y adolescentes. El marketing de los teléfonos celulares fomenta la ilusión de poder de los niños y adolescentes y en los padres, la creencia de que comprar un aparato a sus hijos les permite ejercer control y protección a distancia, cuando salen a un “mundo externo” percibido como plagado de amenazas que, obviamente, los medios de comunicación se encargan de amplificar. Sin embargo, los niños y jóvenes han redefinido los modos de uso de la telefonía celular, desplazando sus funciones tradicionales hacia las lúdicas y de sociabilidad, fenómeno mundial no previsto por sus fabricantes, ni por los padres y maestros, el cual constituye un ejemplo del papel determinante que cumplen las lógicas sociales y culturales de apropiación de las TICs en la redefinición de su uso y su sentido.
El crecimiento del poder simbólico facilitado por las TICs es acompañado de un fenómeno similar en la dimensión económica. La intervención de los complejos de las comunicaciones y la información en la creación de riqueza y puestos de trabajo es cada vez mayor. La participación de las industrias culturales, medios de comunicación y los nuevos servicios de valor agregado en el PBI crece cada año a un ritmo que duplica al del resto de la economía en los países más avanzados. Esta evidencia y la que señala la incidencia decisiva de la dimensión simbólica en los procesos económicos han despertado un repentino interés por la cultura en el campo de la economía, el cual se expresa en conceptualizaciones como “economía creativa” e “industrias creativas”.
El primer informe de la UNCTAD sobre el tema destaca que las industrias creativas se cuentan entre las más dinámicas de los sectores emergentes en el comercio mundial. En el período 2000-2005, el comercio de productos y servicios creativos aumentó sin precedentes a una tasa media anual del 8,7 por ciento. Las exportaciones mundiales de productos creativos fueron valoradas en $ 424,4 millones en 2005 en comparación con $ 227,5 millones en 1996, según cifras del anteproyecto de la UNCTAD. Los servicios creativos, en particular, gozan de un rápido crecimiento de las exportaciones: 8,8% anual, entre 1996 y 2005. Esta tendencia positiva se produjo en todas las regiones y grupos de países y se espera que continúe en las próximas décadas, en el supuesto de que la demanda mundial de bienes y servicios creativos siga en aumento.
Estos conceptos ambiguos suelen suscitar confusiones en un campo cuyos acelerados cambios dejan muy a la zaga los procesos de análisis y comprensión de los nuevos fenómenos. Es imposible efectuar investigaciones comparativas y no pueden tomarse al pie de la letra los datos de las realizadas, hasta tanto se defina con precisión el objeto de estudio y se delimite el campo y, en consecuencia, las variables e indicadores que, en cada análisis particular habrán de incluirse. Las explicaciones “prêt à porter”, presentadas bajo la supuesta imparcialidad ideológica de la ciencia, se propagan como la moda, sin un análisis de las causas que las motivan ni de las derivaciones de su aplicación.
El marco explicativo del concepto “industrias creativas”, a la par de describir la realidad de mercantilización extrema de la cultura y de la importante participación de ésta en la esfera económica, señala que el poder de la dimensión simbólica que conllevan las TICs se extiende a diferentes campos. El Informe citado propone adoptar el campo, aún difuso, de las “industrias creativas” como paradigma para que los países “emergentes” puedan encontrar en ellas un rápido atajo para su ascenso al “desarrollo” (UNCTAD; op. cit) . La linealidad intelectual de estas interpretaciones pone de manifiesto que el Informe vuelve a ubicar el desarrollo como proceso que se despliega en el tiempo y con un único punto de llegada: el capitalismo liberal de mercado -cualesquiera sean las particularidades, condiciones y opciones sociohistóricas y culturales de las diversas sociedades- equiparándolo al mero crecimiento económico. Hipótesis cuestionada, refutada y superada por la evidencia empírica y por los aportes de la UNESCO y de reconocidos especialistas en la materia.

4. Las políticas culturales públicas en el nuevo escenario

Con algunos matices que muestren ciertas preocupaciones “sociales” y el debate de ideas entre las elites intelectuales -o peor aún, la “bajada de ideas” de éstas al “pueblo” para “concientizarlo” o “culturizarlo”- las políticas culturales públicas siguen refugiadas en el modelo tradicional. En general definidas desde el “despotismo ilustrado” (Bustamante; 2005) ellas responden a la lógica de una institucionalidad perimida, en Argentina la forjada en el primer tercio del siglo XX con algunos retoques. Históricamente orientada a las bellas artes, el patrimonio, la cultura erudita y de manera esporádica, el folklore y las artesanías.
Estas políticas culturales provocan efectos regresivos: son de signo neoconservador aunque se proclamen “progresistas”. Mientras se obsesionan con el pasado, dejan el presente y el futuro: los medios de comunicación social y las TICs, librados a la lógica de mercados oligopólicos que solo procuran objetivos mercantiles y deterioran la diversidad cultural de las sociedades, en lugar de responder a sus necesidades.
La intervención de las políticas culturales públicas en los campos que en la actualidad tienen mayor incidencia en la construcción de las identidades e imaginarios colectivos, constituye un imperativo. Ello reclama aplicar principios orientados a la descentralización, la participación de las comunidades y la articulación con los actores privados y sociales -y de otras áreas de la administración pública- en torno a objetivos compartidos, de modo de formular planes y programas que posibiliten equiparar las profundas desigualdades en la apropiación del capital simbólico de la sociedad, reproductoras de la pobreza y la exclusión social.
La lucha simbólica pasa hoy, de manera principal, por el campo audiovisual ampliado y la apropiación de las TICs, desde una perspectiva que anteponga los objetivos de un proyecto de desarrollo nacional y de integración latinoamericana a los mercantiles y de control social de sus vendedores. Es preciso que las políticas culturales públicas reafirmen los principios que contribuyan reconstruir los lazos y sentidos de pertenencia a una identidad ampliada, mediante el conocimiento de la diversidad que la constituye en un patrimonio común que es fuente de riqueza material y simbólica.
La noción de servicio público ubica el acceso a las TICs en su relación con la participación de los ciudadanos en la cultura y la comunicación, comprendiendo en ello a las industrias culturales y las “industrias creativas”, así como los procesos que van de la formulación de políticas hasta los de creación, difusión y disfrute de los bienes simbólicos, los cuales han sido consagrados como derechos humanos fundamentales, directamente vinculados a la construcción de ciudadanía y a la democracia.
Aunque obvio, es preciso subrayar que la mercantilización extrema a la que están sometidas las industrias culturales, los medios de comunicación social y las TICs, determina graves desigualdades sociales y territoriales en materia de acceso y participación en la cultura y el conocimiento que vulneran estos derechos. Los sectores sociales sin suficiente poder adquisitivo y las zonas que no constituyen mercados significativos, son simplemente dejados de lado por el sector privado. Las estadísticas-promedio sobre acceso a las TICs encubren una cartografía de distribución social y territorial signada por grandes desequilibrios. Este patrón de desigualdad, se reitera en los diferentes consumos culturales y medios de comunicación social; desde la computadora hasta la televisión paga, los libros y el acceso al cine. Por ejemplo, el 60% de los chicos de nivel socioeconómico alto usa la computadora a diario, el 34% en la clase media y el 11% en la baja.
Es preciso admitir que si la escuela nunca fue autosuficiente, menos lo es en la actualidad; ya no es posible atribuirle el monopolio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se impone, asimismo, el pasaje de la orientación enciclopedista que pone el énfasis en los contenidos, a otra que priorice los procesos de co-construcción de conocimientos, desarrollo de la creatividad, de la capacidad de análisis y de las aptitudes y actitudes para el autoaprendizaje, cooperar y asociarse en procura de objetivos compartidos, a cuya formación han de contribuir los medios de comunicación social y las políticas culturales. Otra área de particular importancia es la capacitación de los docentes, los niños y los jóvenes para la incorporación de las TICs, comprendiendo la Formación en Recepción Crítica de Medios Audiovisuales, considerándolos no sólo como vehículos para la transmisión de contenidos sino en su calidad de arte, industria y nuevo campo de conocimiento. La visión estrecha y reduccionista de las mismas que las circunscribe a la informática y a las habilidades operativas para usar la computadora, es un problema cultural.
La mercantilización de los bienes culturales es la de la vida humana misma. Ellos se diferencian de otros porque están basados en contenidos simbólicos que, en todos los casos, son productores de sentidos determinantes de la construcción de las identidades e imaginarios colectivos, en razón de lo cual no pueden ser considerados una mercancía cualquiera. En este principio se basa la doctrina de la “excepción cultural”, elaborada por Francia en las disputas en el marco de la OMC ante la presión de Estados Unidos para liberar el comercio internacional de bienes audiovisuales y otros servicios culturales. Este principio fue ratificado por la Convención Internacional para la Preservación y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales sancionada en la UNESCO en 2005, cuya vigencia rige desde 2007.
Ya en 1982, la Declaración de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales realizada en México (Mundiacult) afirmaba el derecho y la necesidad de todas las naciones y comunidades a edificar sus propias industrias culturales, en tanto sector estratégico del desarrollo en sus dos dimensiones; económica y simbólica. Resalta la Declaración la necesidad de poner en vigencia los derechos a la visibilidad y la presencia de las diferentes identidades culturales como requisitos fundamentales de la diversidad cultural.
Se trata, entonces, de redefinir el rol del Estado en relación a los nuevos fenómenos culturales que suponen los medios de comunicación social y las TICs, sin que ello implique negar la existencia de mercados. Los mismos son bienes y servicios que deben ser considerados en sus dos dimensiones constitutivas; económica, en tanto fuentes de acumulación de capital, contribución al PBI y creación de puestos de trabajo calificado y simbólica, por su capacidad de construir sentidos que producen la realidad, e inciden en la formación de los conocimientos, la construcción de ciudadanía y la calidad de vida.
Cualquiera sea la forma de definir a las “industrias creativas”, su incorporación a las políticas públicas ha de efectuarse de acuerdo a una lógica social y cultural dirigida a contrarrestar la lógica prevaleciente, de mercantilización y apropiación privada de conocimientos que son bienes sociales.
La sociedad del conocimiento presenta desafíos inéditos a los países “emergentes”, puesto que si las capacidades intelectuales y creativas humanas constituyen el recurso fundamental de la creación de valor y la acumulación de capital, su disponibilidad en cantidad y calidad suficientes constituye la ventaja competitiva por excelencia.
Esto significa un cambio de eje en la orientación de las políticas públicas económicas, educativas, culturales, comunicacionales, y otras que siguen inmersas en una institucionalidad creada para responden a la división internacional del trabajo históricamente asignada a las repúblicas de América Latina: la de proveedoras de materias primas para sostener la acumulación de capital y el desarrollo industrial de las metrópolis del Norte y constituir mercados importadores de las manufacturas allí producidas, incluidos los bienes simbólicos. Si esta orientación funcionó como motor de la acumulación de capital en las metrópolis externas y en escasos núcleos de poder internos, articulados a los grupos de poder de aquellas, la “economía del conocimiento” la potencia de manera superlativa.
Más allá de las “ventajas” transitorias que pueda brindar el mercado internacional a ciertas materias primas exportadas por el Sur, los países que sigan actuando como enclaves extractivos y proveedores de recursos primarios en beneficio de la acumulación del conocimiento y la formación de capital intelectual en pocos centros y empresas de las metrópolis del Norte, estarán reproduciendo asimetrías propias del estadio colonial. Cuanto mas se prolongue dicha situación, tanto más difícil será revertirla.
Es probable que zonas enteras del Sur del planeta -entre ellas parte de América Latina- queden marginadas de los beneficios de la Tercera Revolución Industrial, a la cual están contribuyendo con sus recursos, tal como sucediera con la Primera y la Segunda, que fueron facilitadas por la acumulación de riquezas extraídas de las colonias. Vaciadas de sus recursos, descapitalizadas, rezagadas científica y tecnológicamente y acarreando los costos del deterioro ambiental que dicha dinámica impone, no podrán dar respuesta a las demandas internas para la superación de las desigualdades que las afectan, las que seguirán ampliándose, con las consecuencias de inestabilidad política y conflictividad social crónicas que ello implicaría.
Es preciso señalar que la producción de cualquier tipo de conocimientos y la creatividad en abstracto no equivalen a la formación del capital intelectual. Si bien la creatividad es un recurso social aplicable a la resolución de infinidad de problemas, por lo que las políticas culturales, comunicacionales y educativas públicas deben fomentarla de manera permanente, la producción del conocimiento apropiado a las condiciones socio históricas y naturales de un país reclama procesos de investigación y planificación que posibiliten identificar los recursos –humanos y de otro tipo- existentes, así como las fortalezas y debilidades para desarrollarlos como capital intelectual. A su vez, la articulación de éste con el capital económico se basa en el diseño y la instrumentación de estrategias de articulación de los actores involucrados en los procesos que conducen de la innovación al producto puesto en el mercado.
La “economía del conocimiento” comprende una compleja red de factores que van desde las políticas públicas, económicas, de educación, comunicación, cultura, y ciencia y tecnología; a la formación de los creadores de innovaciones y nuevos conocimientos científicos; los actores económicos o empresas –sean privadas, públicas o mixtas- dispuestos a invertir en I + D y en la producción de los nuevos bienes y servicios; los gestores o managers capacitados para intervenir eficazmente en los procesos comprendidos por las ramas e hileras productivas de cada sector, nuevos perfiles laborales, competencias y actitudes para la inserción en los procesos de cambio, hasta la constitución de una red de industrias y servicios auxiliares también basados en la creatividad y el conocimiento especializado; entre ellos diseño, marketing, packaging, comunicación, publicidad.
En suma, se trata de procesos que no admiten la improvisación, la prescindencia en la guerra simbólica actual, la fuga hacia el pasado, ni el refugio en la estética entendida como separada de la ética y a ésta desvinculada de la economía y la política, sino que comprometen al Estado y a toda la sociedad. Restituir los vínculos quebrados entre estos términos compete a la cultura, en sus dimensiones artística, cognoscitiva y de valores que orientan la convivencia social y los proyectos individuales y colectivos.

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